Oaxaca es uno de los estados más atrasados y concentra una de las poblaciones más pobres. Ocupa el sitio 31 en el índice de desarrollo humano y en PIB per cápita; es el tercer estado con más pobreza (el 38% de su población vive en pobreza alimentaria); tiene el segundo peor promedio de escolaridad, ocupa el último lugar en el resultado PISA y el último en porcentaje de su fuerza laboral con educación superior; es la entidad federativa que menos recauda con respecto a sus ingresos totales y el último en los índices de competitividad de IMCO y a-regional.

Lo mismo ocurre en la política. No tenemos índices de democracia estatal tan conocidos y precisos como los económicos pero a la luz de lo que se ha visto durante los últimos dos gobiernos estatales, Oaxaca parece refractario a todo avance democrático. Es una de esas islas intocadas por la democracia a pesar de que ya hace seis años la oposición estuvo a punto de ganar la gubernatura.

Prácticamente todos los conceptos que hace 20 años usábamos para caracterizar al sistema político mexicano siguen vigentes si nuestro universo de estudio es Oaxaca: sistema de partido hegemónico, carro completo, partido de gobierno, dedazo, caciquismo, autoritarismo y sobre todo elección de estado.

Hace años se acuñó el concepto de elección de estado para calificar las elecciones en México, las federales y las estatales. El concepto cayó en desuso en el nivel federal porque los instrumentos que la hacían posible desaparecieron y en su lugar surgieron instituciones que la hacían impracticable: autoridades electorales independientes y autónomas, medios de comunicación plurales, control sobre los gastos de campaña, una distribución del poder político que ejercía contrapesos al partido en el poder, vigilancia y fiscalización sobre el gasto gubernamental, restricción a la actuación político-electoral de los funcionarios.

Todos estos candados creados por la democracia mexicana no operan en el caso de Oaxaca. Los excesos del gobernador no tienen límite. El trípode estado-partido-gobierno que definió al sistema político mexicano sigue en pie en el estado de Oaxaca. La maquinaria del gobierno del estado puesta al servicio del proceso electoral con dos objetivos principales: ganar las elecciones y comprar impunidad.

Vaya como botón de muestra el llamado programa de Unidades Móviles para el Desarrollo concebido como programa de gobierno y utilizado como brazo operativo de la estrategia electoral del gobernador. Un programa financiado con recursos estatales que proporciona lo mismo despensas que servicios de registro civil, atención médica que asesoría en asuntos agrarios. Un programa que desde que comenzaron las campañas se ocupa de tareas de difusión, propaganda y promoción del candidato oficial.

Pero la inequidad electoral no se reduce a la utilización ilegal de recursos públicos. Para apuntalarla está la captura de las instituciones electorales y de los tribunales, el control sobre el órgano de transparencia y sobre la auditoría estatal, el carro completo que dejaron las elecciones del 2007, el control del sistema estatal de radio y televisión. También la compra del voto, la extorsión a los candidatos de oposición, la contratación a modo de la empresa encargada de imprimir boletas, la intentona de imponer a funcionarios de casilla sin previa insaculación, el decomiso de periódicos adversos al candidato oficial, la prohibición de observadores internacionales o la exigencia a las casas encuestadoras para que entreguen sus estados financieros.

La modalidad puesta en práctica para lograr en Oaxaca impunidad para atacantes como los soldados que mataron a dos niños en Tamaulipas o los participantes en un tiroteo del que resultaron muertos dos estudiantes de posgrado en el Tecnológico de Monterrey consiste en que el ladrón grite para que se persiga al ladrón. Cuando todos los indicios, los antecedentes y la lógica política apuntan hacia la responsabilidad de la Ubisort (Unión de bienestar social de la región trique) en la emboscada de hace una semana, esa propia agrupación pide que la ONU intervenga en la región, porque los gobiernos locales y el federal no pueden poner fin a la violencia, por lo que "la vida en San Juan Copala no tiene valor". Lo saben bien los de la Ubisort, quienes no han sido agredidos y en cambio lanzaron ya varios ataques contra sus adversarios. Sin que puedan aducir ni una víctima de su parte, la gente de Ubisort alega: "nos pueden matar en cualquier momento, así como murieron Jyri Antero Jaakkola y Beatriz Cariño Trujillo".

Asombra la cachaza de esta organización que por cuenta del gobierno de Oaxaca se ha propuesto impedir que se consolide la experiencia comunitaria hasta ahora expresada en el intento de crear un municipio autónomo, es decir una región donde las autoridades actúan a favor y no en contra de los pobladores. Siempre hostigados los autonomistas, el recelo activo en su contra se recrudece de tanto en tanto, para disuadirlos de llevar adelante su iniciativa. A fines de noviembre se desplegó una campaña propagandística en la prensa de Oaxaca para anunciar que la autoridad del municipio autónomo había llegado a su fin. Pero hubo también acción directa en ese sentido. "El 29 de noviembre -narra el abogado Francisco López Bárcenas, conocedor y protagonista de la situación en esa comarca oaxaqueña- las instalaciones del municipio recibieron la agresión más violenta desde su fundación; pero no sólo eso, también el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco… Ese mismo día, los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana, el mismo lugar donde ahora se perpetró la agresión a la caravana de activistas…" (La Jornada, 29 de abril).

Después de una nueva agresión en que se apoderaron de la sede del "gobierno autónomo", los miembros de Ubisort prácticamente sitiaron el poblado, a cuyos habitantes buscaron someter por hambre, amén de la intimidación constante. Por ese motivo, una caravana de solidaridad e información partió de Huajuapan de León el martes pasado para abastecer a la comunidad de San Juan Copala y para conocer y difundir las condiciones prevalecientes en la región. En cuatro vehículos viajaron miembros de organizaciones civiles mexicanas y de Finlandia y Alemania, así como periodistas de medios locales y de la revista Contralínea.

Para asegurar el libre tránsito de esta caravana, la organización Servicios y asesoría para la paz, permanentemente interesada en contribuir a que mejore la convivencia entre los triques en esa región, informó al gobierno del estado de ese proyecto solidario. En vez de aprestarse a asegurar la entrega de los víveres a las familias sitiadas en San Juan Copala, parecería que las autoridades estatales alertaron a la Ubisort para impedir el paso del convoy. Para lograrlo, bloquearon con piedras el camino, y cuando los conductores de los vehículos en marcha se detuvieron para remover los obstáculos, y con ellos algunos periodistas y activistas, desde el monte surgió una tupida balacera que pronto alcanzó sus blancos.

La primera en caer fue Beatriz Alberta Cariño Trujillo y enseguida fue muerto Jyri Antero Jaakkola. Ella, nacida en Chila de las Flores, Puebla (donde ya fue inhumada), residía en Huajuapan de León, donde era parte de la agrupación Cactus. Él era miembro de la organización Unsi Tanli Ray, de Finlandia. El resto de los miembros de la comitiva quedaron lesionados o fueron perseguidos cuando se refugiaron en el monte. A algunos la tropa atacante los retuvo para ufanarse de su poder.

Aunque dista de ser el único, el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez adquirió relevancia nacional e internacional porque el EPR ha realizado acciones armadas y políticas para lograr la libertad de sus militantes o a manera de protesta por su desaparición. Después de denunciada ésta por el propio grupo insurgente, en junio siguiente, en los meses de julio y septiembre el EPR atentó contra instalaciones de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, con graves daños a los ductos de la empresa petrolera nacional y cuantiosos perjuicios a la actividad económica suspendida o paralizada por la falta de energéticos conducidos por las instalaciones atacadas. Meses después, el EPR propuso crear una comisión mediadora que intentara el mismo objetivo, la presentación con vida de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, por medios pacíficos, el diálogo con el gobierno federal. Constituida la Comisión, a lo largo de un año sus miembros entablaron conversaciones con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación. Desde su reticencia inicial a reconocer el carácter de la comisión hasta su pretensión de recomenzar las pláticas en febrero con motivo del reemplazo del subsecretario Abraham González por Gerónimo Gutiérrez, como si no se tratara de una función institucional sino sujeta a la voluntad de las personas, la Comisión se enfrentó a la notoria resistencia de Bucareli para resolver este caso tomando en consideración su importancia política, y pretendiendo que la vía ministerial era la única adecuada para abordarlo, siendo que la Procuraduría General de la República ha actuado con tal abulia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 07/2008, relativa a este caso, se detiene con razón en señalar la desidia con que ha procedido esa Procuraduría federal, y los obstáculos que erigió ante la indagación de la CNDH, actitud semejante a la observada por la Secretaría de la Defensa Nacional respecto del papel del ombudsman nacional.

Desde que el EPR surgió en 1996 y acometió sus iniciales acciones armadas en Guerrero y Oaxaca, el gobierno federal ha fracasado en sus pretensiones de sofocar la insurgencia de ese grupo. Lo ha intentado sobre todo con detenciones ilegales como la practicada hace dos años, tal vez en espera de que personas a las que atribuye relación con ese grupo armado revelen información que permita atacar y desmantelar sus núcleos principales. Tal estrategia ha sido infructuosa, ya sea porque las personas ilegalmente presas no mantenían vínculo alguno con el EPR o porque rehusaron ofrecer la información que les fue requerida mediante procedimientos contrarios a la ley.

Montado el tema en el debate internacional por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, conformada por los ex presidentes Zedillo, Cardoso y Gaviria, y escritores como Coelho y Krauze, la despenalización de la mariguana es un tema hoy ineludible.

Tanto, que a principios de esta semana, la Cámara de Diputados organizó el Foro para la Regulación de la Cannabis en México, del que se desprendieron valiosas aportaciones a una discusión histórica.

No es posible que se abran ciertos oídos a este interesante debate si antes no se encaran los mitos que ensombrecen a la mariguana, uno de los productos más populares de la planta cannabis.

Habiendo sido totalmente permitida desde tiempos inmemoriales en regiones y en culturas separadas por continentes, y guardando todavía recuerdos de cuando las abuelas la cultivaban en su jardín para darse friegas con alcohol en sus dolencias, en 1961, la Convención Única sobre Estupefacientes la convierte en ilegal y a todo portador o cultivador en delincuente.

Pero, ¿es que tuvo que prohibirse debido a la ola de criminalidad encabezada por usuarios de la mariguana? ¿Acaso alguien se murió por sobredosis? ¿La medicina a base de la cannabis se encontró peligrosa?

Por extraño que parezca a la ciencia, muchos contestarían afirmativamente a estas preguntas, cuando se sabe que la mariguana inhibe la agresividad, nadie se ha muerto por sobredosis y sus beneficios medicinales consuelan a enfermos de cáncer, glaucoma y esclerosis múltiple.

La mariguana no crea adicción como el tabaco. Podría propiciar una "adicción sicológica", un mote a todas luces mañoso porque adicción sicológica, como lo dice Antonio Escohotado, es lo mismo que hábito o costumbre, tal como lavarse los dientes en su obra La cuestión del cáñamo, Anagrama, 1997.

La mariguana es, además, una droga de la que el consumidor no abusa, salvo personas con problemas sicológicos previos al contacto con la cannabis, quienes tampoco podrán controlarse frente al alcohol.

Otro de los prejuicios más repetidos hacia la mariguana es el temor de que, al legalizarla, todo el mundo se vuelque hacia ella. Siendo Holanda el único país que permite el uso lúdico de la planta, es de subrayar que su consumo interno no ha crecido desde entonces. No todos sienten interés por la hierba, y quienes lo sienten la prueban, aunque sea ilegal. Señal de lo anterior es que en México existen 350 mil usuarios y en el mundo 166 millones.

Estas estadísticas, nada despreciables, me llevan a sospechar la verdadera razón de su prohibición. La prosperidad del negocio del tráfico de mariguana depende de su ilegalidad, de lo contrario los usuarios podrían cultivarla sin que esto representara mayores costos.

Si México es el primer productor de esta planta a nivel mundial, según el World Drug Report, alguien parece estar sacando millonarias ganancias de su ilegalidad, pero ¿quiénes?

Los primeros beneficiados serían los líderes de los cárteles quienes mantienen en bancos extranjeros cuentas millonarias dignas de mención en la revista Forbes.

Benévolos con sus aliados, los capos pagan bien a los gobernantes disciplinados, que serán los últimos en permitir la legalización de la planta, porque con ello se cerraría un poco el grifo de la abundancia.

Al respecto merece la pena señalar la lamentable participación de la Secretaría de Gobernación en el debate, al defender a ultranza una política "totalmente prohibitiva" del cáñamo, cerrando la posibilidad de discutir el punto.

Ojalá que en los futuros debates no se extrañe el argumento de la libertad personal, principio fundacional de las repúblicas democráticas, que sólo termina cuando se lastiman los derechos de terceros.

Las razones que defiende el gobierno para prohibir la mariguana rehúyen a toda evidencia científica y al testimonio holandés, reforzando así los prejuicios y estigmas que pesan sobre la cannabis.

La toma de posición del presidente de la República pasa por alto dos hechos fundamentales. El primero es que, tal como lo advirtió la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada entre otros por los ex presidentes Cardoso (Brasil), Gaviria (Colombia) y Zedillo, la estrategia de penalización del uso de las drogas no ha logrado contener el consumo en toda América Latina.

Las cifras en el caso de México son más que elocuentes. Según el secretario de Salud del gobierno de Calderón, José Ángel Córdova, el número de consumidores en México aumentó 50 por ciento al pasar de 158 mil personas en 2002 a 307 mil personas en 2008. Además de que en ese mismo periodo el número de personas que alguna vez probaron droga subió de 3.5 millones a 4.5 millones, lo que representa 28.9 por ciento más respecto de 2002 (Encuesta Nacional de Adicciones 2008).

Por otra parte, la experiencia internacional muestra que allí donde ha habido legalización de la marihuana (Holanda) o del alcohol (Estados Unidos en los años treinta) el consumo no se ha disparado. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía 1976, da un testimonio contundente: "La prohibición se suprimió en 1933, cuando yo tenía 21 años, así que yo era un adolescente durante la mayor parte de ella. El alcohol estaba fácilmente disponible. El contrabando era común. La idea de que la prohibición del alcohol impedía a la gente beber era absurda. Había tabernas clandestinas por todas partes. Aún más. Teníamos el espectáculo de Al Capone, los secuestros, las guerras de gángsteres…".

Y concluye: "Existen cifras estadísticas incluidas en publicaciones acerca de la cantidad de alcohol consumida. Esas cifras suben abruptamente inmediatamente después de la época de la prohibición, pero se refieren al consumo ‘ilegal’ de alcohol. Si tomamos, como he hecho, las tablas de consumo de alcohol antes y después de la época de la prohibición, dicho consumo vuelve más o menos a donde estaba y durante el periodo posterior, si se ha movido ha sido disminuyendo, no en términos absolutos, sino en relación con la población y el crecimiento relativo de los ingresos".

En el caso de la marihuana, la experiencia es similar. Después de 30 años de despenalización, Holanda ha demostrado que los argumentos de que el consumo se dispararía son totalmente falsos. El empleo de la cannabis por los holandeses se encuentra en un nivel intermedio entre los países europeos, siendo Portugal el de menor nivel (por cierto, un país que desde hace dos años está en un proceso de legalización de todas las drogas) y el Reino Unido el de mayor consumo. En Holanda hay 16 millones de habitantes y sólo 400 mil consumidores, es decir, 2.5 por ciento de la población.

En lo que se refiere a la legalización de las drogas en Estados Unidos, Felipe Calderón está mal informado o simplemente ignora lo que está pasando del otro lado de la frontera. En 12 estados de la Unión Americana, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Maine, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y recientemente Nuevo México, se ha legalizado el uso de la marihuana con fines terapéuticos para aliviar los síntomas de enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el glaucoma, epilepsia, sida y otras. Pero el uso medicinal es tan laxo que en algunos de ellos igualmente se prescribe para la ansiedad y el insomnio.

A la luz de estos hechos, resulta absurdo decir que en México no se puede hacer nada mientras las cosas no cambien en Estados Unidos. Del otro lado de la frontera las leyes están cambiando y van en el sentido de la despenalización del consumo de la marihuana, que por lo demás es lo que está ocurriendo en varios países europeos. En Portugal, España, Alemania, Italia, Dinamarca, la República Checa y Holanda, de hecho o de derecho, la no criminalización del consumo de la marihuana es ya una realidad. En Dinamarca está permitida la posesión de hasta 10 gramos de hachís o 50 gramos de marihuana; en caso de poseer una cantidad mayor, la primera vez el portador podrá ser sólo amonestado; la sanción más frecuente es la aplicación de una multa.

Existen otras razones para abrir y no cancelar, como ha hecho el presidente de la República, el debate sobre la legalización de la marihuana en México. La primera de ellas es de orden estrictamente político. El poder económico y de fuego de los narcotraficantes es enorme. Mucho mayor de lo que imaginó inicialmente el propio Felipe Calderón. A la fecha, los cárteles de la droga no han sido golpeados ni debilitados. El mejor ejemplo lo constituye "El Chapo" Guzmán, que sigue libre y operando. Al mismo tiempo, la espiral de la violencia se ha vuelto incontenible y el riesgo mayor es que las Fuerzas Armadas (el Ejército y la Marina) sean corrompidas por los narcotraficantes.

La manera más simple de propinarle un golpe muy severo a los cárteles de la droga sería legalizar el consumo y la producción de marihuana. Según John Walters ex zar antidrogas de la Casa Blanca, los capos mexicanos obtuvieron en Estados Unidos 13 mil 800 millones de dólares en el 2007, de los cuales más de 8 mil millones (58 por ciento) provinieron de la venta de marihuana. Bastaría entonces legalizar el consumo y la producción de la cannabis para que los ingresos de los narcotraficantes se redujeran drásticamente.

Nadie plantea que con ello se liquidaría el poder del crimen organizado, pero sólo un obtuso (o mal intencionado) negaría que así se le asestaría un golpe más duro que todos los decomisos que ha habido hasta la fecha o, incluso, que la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Existe otro efecto adicional que es igualmente importante. La base social del narcotráfico está vinculada, por razones obvias, al cultivo de la marihuana. Hay quien estima que en esa lógica el 50 por ciento de los municipios ya está penetrado o controlado por los narcotraficantes. La legalización de la marihuana permitiría que los campesinos aumentaran sus ingresos de manera legal y se desvincularan ipso facto del crimen organizado.

En una síntesis muy apretada, la Corte, durante las siete sesiones dedicadas al caso Atenco, debatió dos temas centralmente: a) si habían o no existido violaciones graves a las garantías individuales durante los operativos policiacos de Atenco y b) quiénes eran los probables responsables.

La respuesta a la primera pregunta fue afirmativa, por 10 votos contra uno, después de dos días de discusión. La determinación de una cuestión fáctica -¿qué pasó en Atenco?- se tornó innecesariamente complicada. El dictamen que presentó el ministro Gudiño era muy claro en señalar quiénes habían sufrido abusos policiacos, de qué tipo y cuáles eran las pruebas que lo acreditaban. Definir algo que no debía haber tomado más de algunas horas de discusión tomó cuatro sesiones del pleno. ¿Por qué los ministros sacrificaron la claridad por el protagonismo personal? No lo sé. Lo único que sí es claro es que ello no sólo fue confundiendo a los oyentes sino también a los propios ponentes y, por tanto, cuando los ministros intentaron dar respuesta a la segunda pregunta, ya habían perdido la brújula.

El asunto de quiénes eran los responsables de esas violaciones graves a las garantías individuales fue discutido a lo largo de tres sesiones. El dictamen del ministro Gudiño había optado por imputar esas responsabilidades en "bloque", es decir, elaborando una lista de todos los funcionarios públicos y agentes policiacos que habían tenido algo que ver en dicho operativo. La lista ascendía a 2 mil 718 personas y abarcaba desde el gobernador del estado de México hasta el chofer de los camiones que trasladaban a los detenidos al penal de Santiaguito. Dicho dictamen no precisaba las conductas específicas que se le atribuían a cada uno.

En forma unánime los ministros rechazaron esa forma de "definir" responsabilidades. Sin embargo, la discusión se fue empantanando cuando los ministros no encontraron una solución alternativa. Por ello, al final de un debate muy confuso, los ministros optaron por distinguir entre los que ordenaron y planearon el operativo y los que lo ejecutaron, atribuyendo la responsabilidad a estos últimos bajo el argumento de que la orden había sido legítima pero su ejecución ilegal. Lo más paradójico de esta solución es que tiene los mismos problemas que la que proponía Gudiño, la única diferencia es que la lista de responsables se hace más corta.

Ninguno de los ministros se percató de que estaban intentando responder una pregunta equivocada. Una comisión de investigación como las que puede generar la Corte para este tipo de asuntos no cuenta con los instrumentos técnicos ni jurídicos para hacerse de la información que se requiere para saber específicamente quién hizo qué a quién en un operativo en el que habían estado involucrados más de 2 mil funcionarios y policías. Los dos magistrados encargados de la investigación del caso Atenco lo más que podían hacer era recabar testimonios y evidencias generadas por otras instituciones para definir, como lo hicieron, quiénes sufrieron abusos policiacos, de qué tipo y si habían existido o no sanciones por dichas conductas. A dicha comisión ya no le tocaba determinar específicamente el nombre y apellido de los policías que abusaron sexualmente de las mujeres o de los que propinaron las palizas a las personas que requirieron hospitalización. Tampoco la información de la que podría hacerse una comisión de este tipo podía determinar si los superiores jerárquicos habían actuado negligente o dolosamente. Esas cuestiones sólo las pueden determinar las procuradurías y los órganos de control interno de las corporaciones policiales, no de la Suprema Corte en su calidad de órgano de investigación de violaciones graves a las garantías individuales.

Sin embargo, sí había algo muy importante que podía hacer la Corte: elevar el costo político de las máximas autoridades del estado de México y del gobierno federal de no haberse hecho cargo de que tales conductas no quedaran impunes. En este sentido, la pregunta no era quiénes habían sido los responsables de las brutalidades policiacas, sino por qué dichas conductas, después de más de dos años de ocurridos los hechos, habían permanecido impunes. El ministro Góngora fue el único que enfatizó este punto, pero fue como predicar en el desierto. Cabe destacar que el dictamen de Gudiño sí daba cuenta del calibre de la impunidad: en el estado de México sólo 10 policías recibieron amonestaciones administrativas y en el caso de la PFP tres. Este dato no fue mencionado por ningún ministro.

Campana
 
El tema del conflicto en Palestina es un terreno política y moralmente minado. La prudencia aconseja evitarlo, pero incluso esa decisión conlleva un costo, pues la carnicería es ya espeluznante -alrededor de mil muertos, de los cuales un buen número son niños y mujeres. Y siempre que doblan a muerto las campanas, doblan por cada uno de nosotros.

 
La naturaleza de la lucha
 
La violencia en Gaza, nos recuerda The Economist, es parte de una guerra que ya dura 100 años. De un lado está hoy el Ejército del Estado de Israel pero del otro lado está un no-Estado: una sociedad que tiene una autoridad democráticamente electa pero que sus instituciones no son parte de un Estado pues carecen de sus atributos esenciales: soberanía y control del territorio. Un cardenal, Renato Martino, presidente del Consejo para la Justicia y la Paz, definió a Gaza como un campo de concentración; ante la protesta de Israel, el Vaticano declaró "inoportuna" esa caracterización. ¿Conviene entonces definir a Palestina como un territorio ocupado? Sí, pero sólo de manera intermitente y, en cualquier caso, su ocupante no asume la responsabilidad de lo que hoy sucede ahí. Como sea, hoy Gaza es una sociedad bajo ataque, bloqueada y sin viabilidad.

Es justamente en la ambigüedad de la naturaleza política de los palestinos, de sus derechos y deberes, donde reside una de las raíces del problema -de la tragedia- que está teniendo lugar ante nuestros ojos y donde la comunidad internacional está jugando, básicamente, el papel de espectador, pues los pronunciamientos de la ONU para detener el fuego no tienen efecto práctico alguno.

 
Palestina
 
En los tiempos bíblicos Palestina fue el asiento del pueblo de Israel, pero desde el 722 A. C. la región ha sido dominada por asirios, babilonios, persas, macedonios (y sus sucesores), romanos, bizantinos, árabes, los cruzados, turcos y, finalmente, tras la Primera Guerra Mundial, ingleses. Se trata de una tierra de muchos soberanos pero pocas veces soberana.

La construcción de los Estados nacionales modernos en el Medio Oriente es una historia muy complicada. Tras la destrucción del Imperio Otomano a inicios del siglo XX, la influencia colonial de Inglaterra y Francia en el Medio Oriente fue el detonante que llevó a la construcción de Estados nuevos en sociedades viejas pero donde faltaban los elementos necesarios para que desembocaran en entidades nacionales viables.

Egipto sí tenía una "personalidad nacional" relativamente definida pero incluso ahí fue difícil dilucidar si incorporaba o no al Sudán. En otros casos el problema ha sido mayor: la nación es aún algo muy frágil: una amalgama social que aún no acaba de cuajar, como es el caso notorio de Iraq, un país donde aún son muy visibles y antagónicos sus componentes shiítas, sunitas o kurdos.

 
Lo que pudo ser y no fue
 
Tras la Segunda Guerra Mundial, los fragmentos del antiguo Imperio Otomano hicieron a un lado la tutela colonial de los sucesores de los turcos: los imperios europeos -Francia e Inglaterra- y se lanzaron a la aventura de la creación y consolidación del Estado-nacional, pese a no contar con algunos de los elementos esenciales para tamaña empresa. Por otra parte, en Europa había una auténtica nación pero que carecía de asiento geográfico: la judía. Por ello desde 1917 los británicos, vía la llamada "Declaración Balfour" -James Balfour estaba al frente de la Foreign Office británica-, habían declarado su aceptación al establecimiento de un "hogar nacional" judío en Palestina. Como es frecuente con los imperios, esa decisión del gobierno de Londres no fue consultada en toda su profundidad con los afectados: los palestinos, y ahí quedó sembrada la semilla de un conflicto que ya había empezado a darse.

La increíble, inaceptable y brutal política alemana de exterminio del pueblo judío hizo que al concluir la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, y vía las Naciones Unidas, aceptara las exigencias de la comunidad judía para hacer realidad ese hogar nacional que se veía como condición indispensable para que no volviera a ocurrir el horror del Holocausto. El problema fue que los palestinos no aceptaron ser los que pagaran las culpas de quienes se habían ensañado por siglos con los judíos: los europeos -desde los Reyes Católicos, hasta los rusos, para culminar con Hitler. Sin embargo, para los vencedores de los nazis resultó que la opción menos difícil fue usar a Palestina para satisfacer la necesidad de un territorio para el Estado judío. Con 2 mil años de diferencia, los judíos volverían a donde habían salido.

En 1947, las Naciones Unidas decidieron partir a la región palestina y crear dos entidades: por un lado estaría la judía y por el otro la palestina. Los afectados, apoyados por los nuevos Estados árabes, se negaron a aceptar esa decisión y el resultado fue la proclamación unilateral del Estado de Israel en 1948, lo que ha dado lugar a tres guerras entre árabes e israelíes -1948, 1967 y 1979- y a numerosos incidentes. A la creación del Estado judío no le siguió la de su contraparte: la del Estado palestino; primero porque los palestinos no aceptaron y hoy porque tampoco los israelíes tienen interés en ello, ya que deberán devolver tierras ocupadas.

 
Justicia imposible
 
La satisfacción de la justa demanda de la nación judía de contar con un Estado engendró una nueva injusticia -despojar a los palestinos-, y ya no fue posible encontrar una solución genuinamente justa. Así lo entendió el gobierno mexicano desde el inicio. En 1947 el delegado mexicano en la ONU se abstuvo de participar en los debates y en la votación en torno a la creación de un Estado Nacional Judío en Palestina. En abril de ese año nuestra Cancillería consideró que México saldría perdiendo si rompía lanzas a favor de judíos o palestinos. "A los primeros no les asiste la razón, pero tienen a su favor el sentimiento humanitario que despierta la persecución que han sufrido durante siglos… Los árabes, por su parte, cuentan a su favor con la poderosa razón de su derecho a unos territorios que ocupan desde hace dos mil años…" (citado por Arturo Magaña "México ante el conflicto árabe-israelí, 1932-1976", tesis, El Colegio de México, 2006).

Tres guerras y muchos incidentes después, el corazón del problema sigue siendo el mismo: el sentido de injusticia y humillación de los palestinos y la necesidad de un Estado judío seguro.

 
El problema del Estado
 
Israel justifica su invasión actual de Gaza -una zona pequeña, densamente poblada y en la que es simplemente imposible actuar con violencia sin dañar a la población civil- por la necesidad de desmantelar la capacidad de la organización Hamas de lanzar cohetes -no particularmente efectivos- contra territorio israelí. Pero la acción israelí también se inscribe en el contexto del estrangulamiento de Gaza y de la pequeña política: una elección en Israel y la conveniencia de confrontar a Estados Unidos, su aliado más importante, con un fait accompli antes de que tome posesión su nuevo Presidente. Sin embargo, si bien las dos partes en conflicto reclaman para sí la justicia de su causa, es la combinación de la parte de razón que asiste a los palestinos con la asimetría de poder y la desproporción de la reacción israelí ante la provocación de quienes ya casi no tienen nada que perder, lo que hoy hace inaceptable el tipo de ataque de Israel a Gaza, además de que, en un tiempo, fue Israel quien alentó el desarrollo de Hamas para debilitar a quien entonces fue declarado el enemigo número uno de Israel: Al Fatah, el brazo laico y armado del nacionalismo palestino.

Desde hace mucho los responsables de la partición de 1947 -especialmente Estados Unidos- están obligados a presionar realmente a las partes a negociar para llevar adelante la creación del Estado palestino, condición esencial para que la comunidad internacional pueda pedirle con legitimidad y efectividad una conducta responsable. Sólo la eliminación de los asentamientos judíos en los territorios ocupados, y el ejercicio de la soberanía efectiva de los palestinos y la responsabilidad que eso conlleva, puede poner fin a la guerra de los 100 años en esa parte del mundo. Obviamente, es fácil formular la propuesta de un juego que no sea de suma cero pero muy difícil implementarla, sin embargo es la salida realista.

No acudieron a despedirlo los líderes de partidos que hoy se benefician de las siembras del Maestro Othón. Ni una palabra de Jesús Ortega, el líder del PRD, ni un reconocimiento de quienes hoy administran los presupuestos parlamentarios perredistas. Es muy chiquita esa "izquierda" para tamaña biografía.

Pero lo despidieron los suyos. Los amuzgos, los mixtecos, los tlapanecos. Los pobladores de su natal Alcozauca y de La Montaña que reconocieron siempre en Othón congruencia, lealtad a principios, limpieza en su trayectoria y honestidad a carta cabal.

Lo que debieran ser divisas de comportamiento humano se convierten en datos extraordinarios de una biografía. ¿Por qué no era un líder de maestros que viajara en Hummer? ¿Por qué no tenía casas en el extranjero, Coronado, California, por ejemplo?

Tras encabezar las movilizaciones por libertad sindical y mejoras económicas de los maestros en 1958, Othón no sólo fue encarcelado sino que le despojaron de su plaza magisterial que nunca pudo recuperar. La atrocidad política de la que fue objeto no fue reparada por ninguno de los gobiernos priistas ni panistas. Aunque a decir verdad, fue hasta la administración de Josefina Vázquez Mota, cuando Othón Salazar recibió un reconocimiento simbólico que acreditó su trayectoria como maestro adscrito a la Secretaría de Educación Pública.

Las aportaciones históricas de Othón, empero, no quedan en su batalla sindical. Pueden reconocérsele aportes para la construcción de una política que otorgó ciudadanía real a los indígenas, los empujó a dotarse de gobiernos propios, impulsó políticas de desarrollo sustentable cuando nadie hablaba de ellas, y proyectó la lucha contra la pobreza como uno de los ejes de acciones sociales de cualquier fuerza gobernante.

En 1979 cuando el Partido Comunista incursionaba en las lides electorales y asumía como fuerza principal de la izquierda partidista el respeto a la legalidad, Othón Salazar contendió como candidato a diputado federal por el Quinto Distrito electoral de Guerrero con cabecera en Tlapa y que concentraba los municipios de la región de La Montaña.

Mientras las movilizaciones ciudadanas por respeto al voto tenían eco en las grandes urbes y asentaban su fuerza en Sonora, Nuevo León o Chihuahua, con movilizaciones panistas, en La Montaña de Guerrero s urgió un impresionante movimiento indígena que si bien no logró el reconocimiento del triunfo electoral del candidato Othón, provocó la anulación de los comicios y la convocatoria a extraordinarios.

Othón Salazar siempre se comprometió con resistencias democráticas pacíficas y legales. Alguna vez contó que en los momentos más difíciles de la represión política, luego de las manifestaciones magisteriales de 1958 que le costaron la cárcel, Genaro Vázquez, un ex profesor rural que tomó el camino de las armas, le entregó un revólver. "Te hará falta", platicaba Othón sobre lo dicho por Genaro. Othón lo guardó atado a su cinto pero nunca lo usó. Lo suyo no era la violencia sino una encomiable perseverancia que no le soltó hasta su muerte.

Antes, mucho antes de que el subcomandante Marcos reivindicara los derechos indígenas, el Maestro Othón ya había movilizado, pacíficamente, a miles de indígenas dispuestos a conquistar sus gobiernos locales, a pugnar por la reorientación de presupuestos y a pelear por transformaciones profundas a sus condiciones de vida. Othón no tuvo que empuñar un arma para defender a los indígenas y menos los dejó solos. Iba y venía siempre con su gente. Y daba la cara por ellos. La suya era una manera afable, pedagógica, amable y tenaz de dirigir. Othón movió a La Montaña.

"…El maestro Othón Salazar, sin saberlo, se convirtió en el detonador de una nueva etapa de los temas ambientales nacionales, la cual derivó en muchas políticas que se concretaron desde la Semarnap", escribió Julia Carabias al recordar la etapa en la que un importante número de biólogos, economistas y sociólogos acudieron por convocatoria del profesor a proponer alternativas para el hambre, la deforestación y la destrucción ambiental en las zonas indígenas de La Montaña (Reforma, 13/11/2008).

Othón no fue el primer gobernante comunista como muchos suponen. Fue el tercero. El primero fue Abel Salazar Bazán, pariente de Othón, y quien instauró la rendición de cuentas pública del ejercicio de un presupuesto exiguo, posteriormente, en 1984, el otro alcalde socialista fue Antonio Suárez y en 1987, ya como militante del PSUM, llegó Othón Salazar a la alcaldía. Luego vino Javier Manzano y otros más que cambiaron el rostro de la digna Alcozauca de Guerrero.

La historia de México en los últimos 50 años tiene muchas páginas escritas por Othón Salazar. Por lo menos, debería recibir un homenaje en los patios de la SEP.

Irresponsabilidad
 
Explicar la esencia de una gran abdicación de responsabilidad política y describir sus consecuencias es el objetivo del último libro del profesor Rafael Segovia, La política como espectáculo. El sexenio de Vicente Fox. Lo que el Vaticano acaba de descubrir al declarar nulo el primer matrimonio de Fox -las características y efectos de su narcisismo e histrionismo- ya lo había detectado y analizado Segovia en sus artículos publicados en Reforma a lo largo de todo el sexenio del guanajuatense y recogidos en este libro.

Una forma de entender la actual crisis económica mundial es verla como resultado de una enorme falla de responsabilidad. Los encargados de vigilar e impedir los juegos peligrosos de las estructuras financieras se escabulleron de su obligación y propiciaron que las grandes concentraciones de capital descubrieran que especulando con "derivados" sin sustento en la economía real podían hincharse de dinero. Esos abusivos abusaron hasta, literalmente, reventar ellos y el sistema mismo. En términos políticos, un fenómeno similar tuvo lugar en México a partir del año 2000: los encargados de conducir los procesos de consolidación de la democracia simplemente abdicaron de su obligación; el Presidente no se hizo cargo de dirigir al país y los abusivos -desde los gobernadores, la gran empresa, hasta el narco- aprovecharon el vacío de autoridad y proyecto para abusar al extremo hasta echar por la borda la razón de ser de la transición a la democracia.

 
El modelo ideal del político
 
Cervantes en El Quijote decidió contrastar al hombre de armas con el hombre de letras. Más tarde, Max Weber, el sociólogo alemán, contrastó al político con el académico. En ambos casos, el hombre que se decidió por la vida activa -las armas o la política- salió mejor librado que aquel que optó por la reflexión. Sin embargo, en la empresa que emprendió entre 2000 y 2006 el profesor Segovia, y que consistió en someter a análisis las acciones de Fox como Presidente, es el académico el que finalmente hace salir al político muy mal parado.

El ensayo crítico es el espacio donde mejor se mueve Segovia. En esta ocasión, ese análisis tiene como objetivo a la derecha ¡y vaya que si Segovia conoce a la derecha! Se trata no de un conocimiento personal -los de derecha no han sido sus círculos- sino originado en el ámbito de la teoría política y la sociología. No es que el autor de La política como espectáculo haga fe de hombre de izquierdas y eso explique la ferocidad de su crítica. No es la ideología lo que mueve su reproche sino el alto costo de tener en el poder en México a una derecha superficial, ignorante, mal educada y sin sentido de la responsabilidad.

Desde el inicio de su carrera académica, Segovia ha utilizado la posición de Max Weber para analizar al poder. Ese gran teórico definió al político ideal como el hombre de acción obligado a observar la ética de la responsabilidad. Y es que el ejercicio del poder desde el Estado implica, en principio, imponer la voluntad propia sobre la de otros. Preferiblemente, debe intentarse la imposición por el convencimiento pero al final hay siempre un elemento de fuerza: el uso de la violencia institucional. Es por disponer de esa capacidad que el político está obligado a actuar con responsabilidad y Segovia demuestra que Vicente Fox y los suyos simplemente no cumplieron con su obligación.

 
El foxismo
 
¿Qué implica definir a la política del foxismo como apenas un espectáculo? En principio, el concepto se refiere a una conducta absurda, inapropiada. Ahora bien, aunque el centro del libro lo ocupa el guanajuatense, lo absurdo y lo inapropiado no se reduce a Fox o a su entorno o a su partido, sino que también abarca a la oposición partidista -PRI y PRD- y a otros actores relevantes: instituciones privadas, líderes sindicales, empresarios, comunicadores o autoridades eclesiásticas.

Segovia, como bien lo saben sus lectores, es un maestro de la ironía. Aquí, esa ironía es un torpedo que siempre da en la línea de flotación del foxismo. Sin embargo, la revisión de la política mexicana del sexenio termina por convertirse en un espectáculo deprimente. La exhibición de desatinos y deshonestidades resulta particularmente penosa porque se tiene claro que el proceso político mexicano reciente podía haber seguido un camino muy diferente. Y es aquí donde la incompetencia de Fox resulta históricamente abrumadora.

La decadencia del régimen autoritario priista abrió para México una oportunidad cuya importancia es difícil de minimizar, pero Fox, y quienes le rodearon y apoyaron desde el poder económico, mediático, sindical o religioso, prefirieron dejarla pasar. A estas alturas, casi se antoja explicar la oportunidad perdida como el resultado de una conspiración de las élites para frustrar en México un salto político y moral cualitativo similar al que dieron España, Chile, Brasil o Uruguay, por citar ejemplos cercanos. Sin embargo, del análisis de Segovia se puede concluir que más que resultado de una conspiración, lo que echó a perder la transición a la democracia en México fue la mala calidad de sus élites y su enorme corrupción.

El gobierno "de empresarios y para empresarios" que anunció Fox resultó el gobierno de un grupo con una enorme voracidad combinada con una tremenda falta de humildad y de realismo. El haber podido manejar una empresa privada no prepara a nadie para enfrentar con éxito el manejo del poder político. Dominar los elementos de la oferta y la demanda en el mercado, poco o nada tiene que ver con manejar la complicada trama de intereses, conflictos y proyectos alternativos de que está hecha la política. Fox fue no sólo un mal político sino un advenedizo. Por eso, en vez del arquitecto de un nuevo y mejor régimen para México, terminó por ser simplemente un personaje sin grandeza que sobrevivió juntando y administrando los restos del naufragio priista.

Segovia concluye describiendo y analizando el sentimiento que dominó en la etapa final del sexenio foxista: el del miedo. El "miedo pánico" a Andrés Manuel López Obrador, a quien Fox y los suyos le atribuyeron todas las características que en otro tiempo y lugar se le atribuyeron a Atila: que venía a destruir y a quitar todo a las gentes de orden y de bien. El autor define a ese sentimiento en el foxismo más como uno de grupo que de clase, pero en este punto hay razones para el desacuerdo. Gracias a su control del gobierno y de los medios, más las visiones conservadoras del mundo que dominan en amplios sectores de la sociedad mexicana, el foxismo y sus aliados lograron contagiar de pavor a amplias capas de todas las clases sociales mexicanas.

Desde la perspectiva de Rafael Segovia, la Presidencia de Fox dejó el campo político mexicano en ruinas. En abril del 2006, por ejemplo, el autor concluía: "Jamás ha tenido México un Presidente con sus características, con su falta de cultura e incluso de ortografía". Para Fox, señala Segovia, el nacionalismo resultó ser simplemente "uno de los obstáculos para el pleno desarrollo de México: el país ha vivido en el error desde el 16 de septiembre de 1810". Finalmente, la incapacidad e indiferencia de Fox frente al crimen organizado dieron por resultado que: "Nunca como ahora la barbarie, la saña y una brutalidad sin límites se habían apoderado del país… Las cabezas quedan ahí, como imágenes que nos vuelven a la memoria por haberlas visto en revistas de principios del siglo XX, en la rebelión de los bóxers en China, cuando las potencias europeas mataron hombres hasta hartarse". A unas líneas de concluir el libro, el autor anota con alarma que los crímenes que entonces le asombraban pero que del 2006 a la fecha han escalado en cantidad y brutalidad "son la culminación de una descomposición total".

Las primeras reacciones denotan un casi nulo acompañamiento, pues se han pronunciado en contra diversas fuerzas políticas e incluso la dirigencia del PRD en el Distrito Federal y el jefe de Gobierno, a pesar de que el planteamiento de Círigo está arropado por un resolutivo del congreso nacional perredista y a pesar del riesgo al que se exponen los promotores de la despenalización, a causa de sus efectos contundentes sobre el narcotráfico.

Es improbable que la iniciativa del diputado Círigo prospere, pero tiene ya un primer resultado: generó una controversia inicial que debiera convertirse en un debate serio y profundo sobre el tema, como lo exige el hecho incontrovertible de que el Estado mexicano está perdiendo la guerra contra el narcotráfico y esta derrota puede medirse en vidas, sangre y corrupción, así como en la infiltración de muchos segmentos institucionales del país, tanto políticos, militares y policiales como bancarios, financieros y aun eclesiásticos.

La iniciativa -explica Círigo en su exposición de motivos- tiene como principal objetivo dar un enfoque distinto al combate al uso y al tráfico de drogas, para que el Estado mire al adicto no como delincuente sino como una persona que requiere de atención a su salud; un enfoque que "en lugar de enfrentar con las balas a los narcotraficantes, desarme de una vez por todas su negocio (valuado en México en 13 mil 800 millones de dólares en 2007, 8 mil de ellos correspondientes al cannabis), al hacer lícito el consumo y comercio de la mariguana con determinadas reglas".

En su documentada iniciativa, el diputado perredista (Nueva Izquierda) pone énfasis en el avance de la despenalización de cannabis en el mundo. Ejemplos: en Holanda se permite legalmente la venta de mariguana en "coffee shops"; en algunas ciudades de Australia, en específico en su capital, está despenalizada la posesión de pequeñas cantidades y el cultivo de un número limitado de plantas para uso personal; en Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, España y Portugal el consumo está despenalizado o bien representa faltas de carácter administrativo y no penal.

Además de la despenalización propiamente dicha del cultivo, transporte y comercio de cannabis, la iniciativa del diputado Círigo Vásquez propone: a) Comercios donde se permita la venta de mariguana hasta 5 gramos por persona. En estos sitios, que no podrán ubicarse a menos de mil metros de las escuelas, se prohibirá expender bebidas alcohólicas y también la entrada a menores de edad.

b) Prohibir el consumo de cannabis o sus derivados en la vía pública y en establecimientos no autorizados.

c) Permitir que una persona pueda portar hasta 30 gramos de cannabis. Si alguien es sorprendido con una cantidad mayor, será sancionado penalmente.

d) Otorgar al gobierno federal la facultad de definir las zonas donde se permitirá el cultivo de cannabis y adquirir la totalidad de las cosechas por sí o a través de un solo intermediario.

e) Se permite el cultivo de mariguana (hasta cinco plantas) en las viviendas particulares.

La iniciativa, ampliamente virtuosa, se ocupa también de la prevención, en particular entre los alumnos de educación básica y media superior, y también de la rehabilitación de los adictos, si bien estos aspectos deberían ampliarse y reforzarse para combatir con éxito el riesgo de aumento de adictos como consecuencia de la despenalización. En este renglón conviene tener presente que, si bien se facilitará la adquisición de la mariguana, su consumo perderá uno de sus principales atractivos: la clandestinidad, su carácter de prohibido.

Peor que la impunidad que deja sin castigo un delito es procesar y eventualmente condenar a un inocente atribuyéndole ese delito. Y es todavía más grave que la imputación en falso que genere ese injusto resultado surja de conveniencias políticas, de uso extrajudicial de la ley. A esos extremos parece haber llegado la Procuraduría General de la República al consignar ante un juez penal a Juan Manuel Martínez Moreno, quien muy probablemente, a diferencia de lo que sostiene el Ministerio Público federal, no asesinó al periodista norteamericano Brad Will.

La hipótesis que achaca a un miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca el homicidio de un periodista cuyo trabajo contribuía a conocer las razones de la protesta social contra el gobernador Ulises Ruiz fue urdida en la Procuraduría de justicia de Oaxaca tan pronto se percató el gobierno de la trascendencia de que Will hubiera sido privado de la vida. Para sostener esa conjetura era preciso probar que los disparos que mataron al reportero de Indymedia surgieron de su entorno inmediato y no a la distancia, de hasta 50 metros, desde donde disparaban agentes policiacos municipales y estatales según fue visto y documentado ese 27 de octubre. Esa posición fue asumida como suya por la Procuraduría federal, que atrajo la investigación en abril del año pasado (un mes después, casualmente, de que asumiera sus funciones el fiscal encargado de investigar los delitos contra periodistas, Alberto Orellana Wiarco).

Determinar el punto de donde partieron los disparos que ultimaron a Will es crucial para indagar quién pulsó el arma asesina. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llegó en la pesquisa donde fundó su recomendación 50/2008 a una conclusión contraria a la que sirvió para consignar a Martínez Moreno ante el juez cuarto penal de Oaxaca, quien a más tardar mañana ha de resolver si encausa o deja libre al indiciado, un hombre sin antecedentes penales ni práctica profesional que implique el uso de armas.

Siempre con la intención de probar que los balazos contra Will surgieron muy cerca de él, la PGR osciló en establecer la distancia de los disparos. Primero supuso que el arma había sido utilizada en un tramo de entre 30 y 60 centímetros del cuerpo de la víctima. Luego alargó la distancia hasta decir que fue entre 2 y 8 metros, y al final concluyó que se realizó a 2 metros, posición que se completa con la consideración de que es muy difícil acertar a un blanco situado a más de 30 metros, como si el tirador colocado a esa distancia hubiera disparado directamente contra el periodista y no lo hubiera hecho, como probablemente ocurrió, contra la multitud en general.

En cambio la CNDH sostiene que el arma homicida fue disparada a una distancia de entre 35 y 50 metros. Impulsada desde un revólver 38 especial una bala adquiere (según información de los fabricantes) una velocidad de 165 milésimas de segundo, tiempo que coincide con los análisis al audio de la cámara del periodista, que captó el sonido del disparo y registró la caída de su cuerpo herido: entre esos dos momentos hay 166 milésimas de segundo.

"Si el agresor hubiera accionado el arma a dos metros de la víctima, como afirma la PGR, no habría sido posible percibir ni identificar lapso alguno entre el disparo y el impacto", explicó el quinto visitador de la CNDH, Mauricio Farah Gebara, a periodistas el lunes pasado. "De acuerdo a nuestros dictámenes periciales -agregó- los dos disparos fueron efectuados a la misma distancia y de manera sucesiva". El tirador se parapetó tras un vehículo de volteo que se encontraba a 40 metros aproximadamente del lugar donde cayó Will. La Procuraduría federal, a su turno, sostuvo que entre los dos disparos, uno que entró de frente y otro por la espalda, medió un cierto lapso, lo que alimenta la tesis del gobierno local de que Will no murió en el lugar de los hechos sino que fue rematado a bordo del vehículo en que se le trasladaba al hospital. Esa hipótesis ha sido cuestionada no sólo por la oficina del ombudsman nacional sino por el Programa Internacional de Forenses, una de cuyas conclusiones establece que las investigaciones de las procuradurías "se guiaron desde un principio por la hipótesis, sin evidencia científica alguna" (las cursivas son mías) de que Will "fue ultimado por una persona en su alrededor inmediato".

La CNDH inició su indagación sobre el asesinato del periodista inmediatamente después del hecho, y la cerró el 23 de junio pasado, para elaborar la recomendación respectiva, que el gobierno de Oaxaca admitió y la PGR rechazó exactamente al mismo tiempo que consignaba al presunto asesino, que habría disparado muy cerca de su víctima. Entre las razones del rechazo la Procuraduría federal aduce que haber cerrado la pesquisa tres meses antes de emitir la recomendación no la sustentó debidamente "pues no tomó en cuenta las diligencias que se efectuaron" en ese lapso.

No se sabe legalmente quién mató a Bradley Roland Will. Puede presumirse, sin embargo, que no fue Juan Manuel Martínez, consignado por la Procuraduría General de la República como el probable homicida, y al que el juez de su causa debe dejar libre cuanto antes por la inconsistencia de la acusación. Es que la PGR se limitó a hacer suya la averiguación previa de la Procuraduría de justicia de Oaxaca, una indagación plagada de insuficiencias e irregularidades según detalló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la descalificó, como ha hecho también con la realizada por la Fiscalía especializada en delitos cometidos contra periodistas, una borrosa oficina que hasta ahora sólo era inútil y a partir de este caso es peligrosa.

Brad Will, camarógrafo de la agencia Indymedia, fue asesinado el lunes próximo hará dos años. Desde semanas atrás informaba sobre el conflicto que enfrentaba a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca con el gobernador Ulises Ruiz. En aquel 27 de octubre de 2006 caminaba en la descubierta de una columna de appistas hacia la cabecera del municipio de Santa Lucía del Camino, conurbado con la ciudad de Oaxaca, en una de las muchas expresiones de descontento y protesta contra el gobernador, en el curso de un enfrentamiento que había causado ya cerca de 20 víctimas sin que el gobierno local hiciera nada por esclarecer los casos, omisión entendible si se considera que diversos indicios apuntaban hacia agentes de la autoridad como verdugos de ciudadanos.

La cámara del propio Will y testimonios de personas presentes en el lugar dieron cuenta de que agentes policiacos de Santa Lucía dispararon contra la pequeña multitud, y además del periodista norteamericano mataron a dos manifestantes, Emilio Alonso Fabián y Esteban López Zurita. Según diversos indicios, el asesinato de Will habría sido cometido por un regidor de aquel municipio, Abel Santiago Zárate y un gendarme local, Orlando Manuel Aguilar Coello, que fueron detenidos pero pocas semanas después quedaron en libertad. En el entretanto, la procuradora Lizbeth Caña empezó a difundir la especie, no sustentada en una indagación formal, de que Will habría sido asesinado por miembros de la APPO, que se hallaban muy cerca de él. Desde esa proximidad le habría disparado un tiro al que un rato más tarde seguiría otro, para rematarlo, mientras se le llevaba a un hospital.

Esa conjetura ha sido ahora validada por la PGR, que el jueves detuvo a Juan Manuel Martínez como autor del crimen. Más que una acción ministerial, la fiscalía que debe perseguir a quienes atentan contra periodistas consumó una acción política, que se suma a la estrategia que desde hace dos años hizo del gobierno panista (con Fox inicialmente y con Calderón después) el aval de Ulises Ruiz, su seguro para mantenerse en la gubernatura. Precisamente a raíz de la matanza de Santa Lucía del Camino, en que Will fue una de las víctimas, y cuando sólo faltaba un mes para que su sexenio concluyera, Fox envió a Oaxaca a la Policía Federal Preventiva, que se convirtió en el brazo armado de Ruiz (a quien no le faltaban cuerpos represivos) que con violencia y transgresiones a la ley apaciguó a la población hasta entonces alebrestada.

En torno de esos hechos, y con notable demora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el 26 de septiembre pasado su recomendación 50/2008, dirigida al procurador federal Eduardo Medina Mora, al gobernador Ruiz y al líder de la legislatura oaxaqueña (todavía formalmente llamado, como símbolo del atraso político de esa entidad, presidente de la Gran Comisión del Congreso). Sobresale en el sustancioso documento la radiografía crítica sobre la actuación del Ministerio Público local, que incurrió en una descomunal suma de irregularidades y omisiones.

A título de ejemplo de lo ocurrido sólo en las horas siguientes al homicidio, según se lee en una síntesis de la recomendación, "el agente del ministerio público… no dio intervención al perito criminalista, ni se trasladó de inmediato al lugar para el levantamiento, preservación y embalaje de indicios, además de que no dictó las medidas para preservar el lugar ni realizó la cadena de custodia de la cobija en la que iba envuelto el cuerpo del periodista, omitió dar fe ministerial de ésta y preservarla: realizó de forma deficiente la inspección ocular del lugar de los hechos, al igual que la descripción de la camiseta que portaba" el periodista asesinado. "Asimismo, omitió interrogar a detalle a los testigos, así como citar a otras personas a las que se vinculaba con los hechos, no obstante que fueron mencionados en algunos testimonios y notas periodísticas así como en imágenes que fueron mostradas por televisoras en videos que difundieron" (ése es el caso de Santiago Zárate y Aguilar, inicialmente inculpados, y Juan Carlos Sumano, captados cuando disparaban sobre los manifestantes).

John Stuart Mill
 
Finalmente los legisladores del PRD en el Distrito Federal tuvieron el valor de iniciar el debate al proponer la legalización de la marihuana. La iniciativa es modesta en sus objetivos y, en verdad, es poco probable que prospere a pesar de esta moderación debido al rechazo de otros partidos. Pero lo que puede ser importante es que empiece una discusión pública que lleve con el tiempo a abolir una de las legislaciones que más daño le han hecho a la sociedad mexicana.

La primera razón para legalizar no sólo la marihuana sino cualquier droga prohibida tiene que ver con los derechos humanos fundamentales. La sociedad no tiene por qué meterse en las decisiones de los individuos que no afecten a terceros. Las drogas pueden ser peligrosas o incluso abiertamente dañinas; también lo son otros productos, como las bebidas alcohólicas, el tabaco o ciertos alimentos. El Estado no tiene derecho a prohibir a las personas el consumo de alguno o varios de estos productos. Mucho menos tiene derecho a hacerle daño al individuo al encarcelarlo por el delito de hacerse daño a sí mismo.

La otra razón para legalizar no sólo la marihuana sino cualquier droga tiene que ver con la ineficacia de la prohibición como forma de evitar o siquiera reducir el consumo de drogas. Durante años hemos tenido en vigor tanto en México como en buena parte del mundo penas corporales por el consumo, venta o transporte de droga. No hay ninguna indicación de que la prohibición haya servido para evitar o reducir el consumo de drogas. Por el contrario, el periodo de prohibición, que empezó a aplicarse realmente con fuerza a partir de los años sesenta en Estados Unidos, cuando los hijos de la clase media empezaron a consumir drogas, ha correspondido al lapso de mayor crecimiento en la historia en el consumo de estas sustancias. Las encuestas nacionales de adicciones muestran un aumento constante en el consumo también en México.

Las fuerzas de la economía condenan al fracaso cualquier intento por reducir el consumo de droga a través de la prohibición. Según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, en el 2003 el mercado mundial de drogas ilícitas era de 13 mil millones de dólares al nivel de producción, pero se elevaba a 94 mil millones de dólares en el mercado al mayoreo y alcanzaba los 322 mil millones de dólares en la venta al consumidor final. En otras palabras, el margen de rentabilidad entre la producción y la venta al menudeo es de 2 mil 500 por ciento. ¿Cuántas empresas del mundo pueden ofrecer ese margen?

La consecuencia económica es muy sencilla. Hay un incentivo enorme para la producción de droga. Los golpes contra el narco, como los decomisos, producen incentivos adicionales al hacer que suba el precio en las calles. Cuando algún capo es capturado o ejecutado, de inmediato surgen decenas de aspirantes a ocupar su lugar.

Víctor Hugo Círigo, el presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el PRD han entendido esta situación. Círigo ha justificado la iniciativa de legalización de la marihuana como un golpe directo al bolsillo de los narcotraficantes. Y tiene razón. Los principales enemigos de la legalización son los distribuidores de droga. Para ellos sería un golpe brutal que se creara un mercado normal para estos productos. Una vez que se perdiera el incentivo de la prohibición, los márgenes de utilidad del negocio caerían a los niveles de otros mercados. Y ésos no son suficientes para ellos.

Una de las ventajas de legalizar las drogas sería poner a trabajar a nuestras corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia en aquellos crímenes que sí tienen víctimas, como es el secuestro. En la actualidad, el 59 por ciento de las denuncias a nivel federal son por delitos contra la salud. Esto hace que un porcentaje similar de los recursos de la PGR se dedique a estos delitos, en que se castiga a personas por hacerse daño a sí mismas. La legalización de las drogas permitiría a la PGR dedicar más tiempo y esfuerzo a combatir los delitos con víctima.

Dos muchachos que el viernes pasado acudieron a Palacio Nacional a recibir el premio a la juventud fueron retenidos unos 90 minutos por el Estado Mayor Presidencial porque profirieron gritos que alguien en ese cuerpo juzgó ofensivos al presidente Calderón. La detención obedeció a un impulso autoritario, a una decisión impensada, a un acto disciplinario instintivo. Luego ya se vio qué bases jurídicas podía tener. Y se encontró justificación para el breve secuestro de los estudiantes en legislación vetusta que hubiera sido inaplicable de abrirse un procedimiento legal.

Andrés Leonardo Gómez Emilsson gritó "espurio" a Calderón mientras éste decía su discurso en la ceremonia organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud. Marco Virgilio Jiménez, a su vez, preguntó en voz alta, en tono increpante a cuál libertad se refería el orador, implicando que no la hay. Como si buscaran confirmar que era Jiménez y no Calderón quien estaba en lo justo, es decir, como si no hubiera libertad para interrumpir un discurso presidencial, como si el Ejecutivo fuera un monarca al que no cabe contrariar y ni siquiera interrumpir, sus guardias militares redujeron a los vociferantes, los recluyeron en un despacho del Palacio Nacional y luego los entregaron a la policía que los condujo a una agencia del Ministerio Público. Se les envió allí, oficialmente, "por la probable realización de conductas que son sancionadas penal o administrativamente por la legislación vigente".

Aunque en buena hora la prudencia se impuso y la Presidencia anunció formalmente que no presentaría cargos contra los estudiantes premiados y gritones, el Estado Mayor había hallado argumentos jurídicos para envolver el gesto disciplinario por el que atrapó a los estudiantes que expresaron en voz alta su modo de pensar. Quizá se pueda atribuirles una falta de educación, una infracción a las buenas maneras, pero naturalmente la sustancia del acto que causó su detención está lejos de constituir un delito, como hubiera esgrimido la casa presidencial de empecinarse en castigar lo que, en el peor de los casos no fue más que un improperio, surgido del clima de polarización en que vive la República desde que Vicente Fox hizo desaforar sin razón a Andrés Manuel López Obrador.

El Estado Mayor dijo que la conducta de los muchachos era punible conforme a la Ley de Imprenta y el Código Penal, y digna de sanción administrativa de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Es notable el tufo a viejo que despide la legislación invocada, aunque alguna parte sea de reciente vigencia.

Se citó una ley de vigencia discutible, la reglamentaria de los artículos 6 y 7 de la Constitución, emitida en fecha ya tan remota como el 12 de abril de 1917, a mitad de la vacatio legis constitucional, es decir entre el momento en que se promulgó la carta queretana (5 de febrero) y el momento de su entrada en vigor (1o. de mayo). Aunque en distintos momentos los tribunales han considerado que sus preceptos están vigentes, puede alegarse en sentido contrario que la propia Constitución la dejó fuera del marco jurídico, pues quedó ubicada en la legislación preconstitucional derogada por la carta fundamental a la hora de inaugurar el nuevo régimen.

Aun si se admite la validez plena de esa norma, sus fundamentos son añejos, propios de un clima de autoritarismo en que Carranza reprimía a la prensa con los "viajes de rectificación", consistentes en conducir por la fuerza a reporteros que daban cuenta de los acontecimientos bélicos para que se desmintieran a sí mismos e hicieran coincidir su parecer con el del gobierno.

En la parte que nos interesa, dice el artículo tercero de esa ley (por lo menos obsoleta a sus 91 años de edad) que "constituye un ataque al orden o a la paz pública… toda manifestación o expresión maliciosa hecha públicamente por medio de… gritos… que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar… las instituciones fundamentales del país", o bien que "se injurie a las autoridades del país con objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo".

¿Podría alguien sostener en serio que los interruptores del discurso presidencial se propusieron esos fines? No podrá decirse que sus expresiones en sí mismas son dañinas para la figura a la que atacan o increpan, porque se trata de un delito doloso (malicioso en la terminología de la Ley de Imprenta), es decir que se requiere que se busque intencionalmente generar el efecto descrito en el texto legal y no sólo expresar sonoramente una convicción.

No hay historia aséptica y menos cuando aborda un conflicto. Una sociedad democrática sólo abre sus archivos para que se tejan las diferentes versiones de un mismo hecho. Cuando terminó la Guerra Civil española el franquismo se preocupó por averiguar la suerte de las víctimas de su bando y abrió la llamada Causa General. Los republicanos derrotados cargaron con una memoria incompleta y apenas ahora van recuperando las piezas con las cuales dibujan la cartografía de sus fusilados y desaparecidos. Lo mismo han hecho argentinos, chilenos, guatemaltecos…

México es la excepción. Pasan los años y nuestros gobiernos siguen regateándonos el derecho de saber. Si el 2 de octubre sigue recordándose es porque persisten los huecos en el conocimiento, porque la masacre de aquella tarde se replicó a escala menor en buena parte del territorio nacional y porque es la obra maestra de la impunidad. Cuarenta años después el Estado se rehusa a dar una disculpa oficial sobre ésa y otras barbaridades. En lugar de ello esta semana se inició con el cinismo de Luis Echeverría quien, en la entrevista concedida a Rogelio Cárdenas Estandía (Planeta, 2008), hace un llamado a la unidad nacional y escupe retador un yo no pido "perdón a nadie".

La arrogancia de Echeverría viene de sentirse protegido y arropado por los suyos y por los gobiernos panistas. Una de las certidumbres que deja el libro de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda (La diferencia) es que Vicente Fox accedió a las exigencias del PRI: "nada de comisiones de la verdad, persecuciones, investigaciones", nada de meterse en "los terrenos de la corrupción y de acusaciones a funcionarios del pasado, por ejemplo la cuenta secreta de Salinas".

A Fox se debe que nunca hubiera una investigación seria sobre la represión y la corrupción del viejo régimen. A los verdugos les concedió una amnistía de facto para lo cual creó la dispendiosa e irrelevante Femospp, la cual se gastó casi 250 millones de pesos para montar una virtuosa ejecución sobre las variaciones que tiene el arte de evadir la justicia y la verdad.

Pese a todas sus carencias, la Femospp hizo un impresionante acopio de información sobre la represión de aquellos años en los cuales el grueso de las víctimas se ubicaban en la izquierda. En su último día de gobierno Fox transfirió los acervos de la Femospp a la Procuraduría General de la República. En realidad se trata de dos colecciones: la ministerial que incluye los documentos que mantiene bajo llave el Ministerio Público en alguna de sus inútiles averiguaciones y el archivo histórico integrado por unos 22 mil documentos ordenados cronológica y temáticamente.

Diversas personas e instituciones han intentado ubicar y acceder a esos textos. Además del esfuerzo realizado por La Jornada me detengo en uno que observé de cerca. Con el respaldo del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) Javier Treviño Rangel inició, en junio del 2007, un procedimiento para obtener los índices detallados de lo reunido por la Femospp. El objetivo era evitar que el acervo se desperdigara, perdiera o destruyera. Semanas después la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR respondió que había localizado "algunos documentos", pero que como estaban siendo organizados no podían compartirlos.

Treviño Rangel se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y Alonso Lujambio fue el ponente quien, con una respuesta sólida y bien argumentada, revocó cada uno de los argumentos esgrimidos por la PGR, la institución más opaca del Ejecutivo federal. El 24 de octubre del 2007 el pleno del IFAI ordenó a la PGR realizar una búsqueda exhaustiva de toda la documentación para que fuera entregada al peticionario.

En vísperas de la navidad del 2007 la PGR informó de "la no existencia de algún documento y/o registro relacionado con la información solicitada de la extinta Fiscalía". Le dejó abierto un resquicio a la esperanza porque sobre el acervo histórico comentó que a la brevedad posible el Comité de Información ratificaría la inexistencia de dicho acervo. Ha pasado casi un año desde aquella promesa y la PGR guarda silencio y es imposible saber si nuestra Procuraduría desapareció, traspapeló u ocultó uno de los archivos más completos y mejor organizados sobre la represión.

Estamos ante una metáfora de la forma en que se diluyó, en la bruma de la historia, el compromiso panista con la verdad. Sus esfuerzos por escamotear la evidencia son inútiles porque, pese a ellos, la información sigue fluyendo por el esfuerzo de víctimas, académicos y periodistas que año con año producen libros, ensayos y mesas redondas. Un caso de notable persistencia es la búsqueda de información realizada por Proceso. Este año sacó una espléndida edición especial coordinada por Jorge Carrasco Araizaga. Es una puesta al día sobre el estado del esclarecimiento de la verdad histórica sobre el 68. Jorge Carrillo Olea, fundador del Cisen, publica en esa edición una muy buena explicación -con nombres y matices importantes- sobre el fracaso de los servicios de inteligencia durante el movimiento estudiantil.

Entretanto, Felipe Calderón persiste en sus llamados a la unidad nacional sin darse cuenta de su magra autoridad. ¿Cómo pretende que la izquierda política, social o intelectual vea con simpatía su llamado cuando su gobierno se empecina en la complicidad con los represores y corruptos del antiguo régimen? El 2 de octubre no se olvida porque no nos dejan olvidarlo y porque lo mismo sucede con otras agresiones a la dignidad humana. La memoria sigue tasajeada por los cortes infligidos por los represores de ayer y sus cómplices de hoy. Es una llaga expuesta.

Sin duda fue un acto de terrorismo. Es muy probable que lo cometieran matarifes (a escala mayor) al servicio de la delincuencia organizada, del narcotráfico. La autoría se determinará con precisión si los órganos del Estado, incompetentes para impedirlo (lo cual no es imposible con mecanismos de información e inteligencia que funcionen), son capaces de establecer quiénes lanzaron contra gente indefensa dos granadas de fragmentación y quiénes ordenaron hacerlo.

Aun antes de que los jueces lo establezcan al cabo de un proceso que es imprescindible realizar, es claro que se trató de matar no sólo por matar, como cuando se ejecuta a rivales o traidores, sino de infundir dolor y miedo más allá de las víctimas inmediatas. No se requiere saber derecho, conocer la definición legal del delito de terrorismo para comprobar que eso fue lo ocurrido la noche del Grito en Morelia, pues se utilizaron "explosivos… (para realizar) actos en contra de las personas… que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado…".

Eso es el qué. Las conjeturas sobre el quién descartan automáticamente a los grupos armados en guerra contra el Estado, que explícitamente y en sus prácticas han rehuido dañar a la población civil. Los más graves ataques de esa procedencia, los cometidos por el Ejército Popular Revolucionario contra instalaciones de Pemex en julio y septiembre del año pasado, se perpetraron con el obvio propósito de afectar bienes materiales (cuya destrucción generó a su vez cuantiosas pérdidas económicas), pero con notorio afán de no privar de la vida o lesionar a nadie, pues los blancos estaban en despoblado y fueron atacados en horas en que el riesgo de matar era casi nulo.

Por lo tanto, la atención oficial y de la gente se concentra en los nuevos enemigos del Estado, las bandas delincuenciales que orondas perpetran matanzas por doquier, ya sea ultimando a 13 personas en Creel, Chihuahua; degollando a 12 en Mérida, ejecutando con un solo, eficaz, balazo a 24 más a las puertas de la Ciudad de México. De allí proviene, es de imaginarse, el desconcertante, inesperado, artero embate contra familias congregadas con ánimo festivo.

La indagación penal sobre el caso no podrá separarse de la investigación social y política que establezca los móviles del atentado, sus nexos con agresiones semejantes. Los infractores del orden público comunes y corrientes eluden a la autoridad, escapan de ella o la corrompen para asegurarse libertad de movimientos. Pero la delincuencia organizada en este momento y en este país parece haber trascendido ese elemental modo de relación con las autoridades. Ahora parecen encararlas, ya sea para inducir su acción en contra de sus enemigos, ya para desafiarlas o reírse de ellas, mostrando las insuficiencias de un Estado que, para infortunio de todos, se aproxima a la definición de fallido, extremo a que se llega cuando no es capaz de garantizar la seguridad de los gobernados.

Para no arribar a ese indeseado punto, el gobierno mexicano deberá contar con apoyo internacional; no injerencia indebida sino asistencia necesaria. El doctor Edgardo Buscaglia, experto en el tema, ha sugerido que una vez determinados los autores del atroz crimen de Morelia, se promueva la inclusión del grupo al que se finquen responsabilidades en el padrón de organizaciones terroristas formulado por las Naciones Unidas. De esa inscripción pueden desprenderse consecuencias que el Estado mexicano no ha podido generar, por ejemplo el eficaz combate al financiamiento de las actividades terroristas, mediante el rastreo, identificación y localización de cuentas y negocios a lo largo y ancho del mundo. Bien se sabe que una de las debilidades de la lucha mexicana contra el crimen organizado es su escasa incidencia sobre el dinero generado ilícitamente y del que proviene el poderío que a su vez se despliega para multiplicar el lucro, razón de ser del hampa a la alta escuela. (La pertinencia y aun necesidad de acciones en este campo más allá de las fronteras se probó ayer mismo con la captura de 175 miembros del Cártel del Golfo en Estados Unidos e Italia, anunciada por autoridades norteamericanas).

No podía ser de otra manera, pero el atentado moreliano ha suscitado la condena unánime de todos cuantos tienen algo que decir en la escena pública y de los hombres y las mujeres de a pie. Para que lo hicieran no fue necesario el llamado a la unidad formulado el 16 de septiembre por el presidente Felipe Calderón. El instinto de supervivencia conduce naturalmente a esa reacción, necesaria para reforzar la movilización de la fuerza del Estado, una fuerza que se nota por su ausencia, a que se refirió el Ejecutivo en el discurso patrio que a última hora decidió pronunciar personalmente, dada la gravedad del momento.

En mala hora, sin embargo, ese discurso resultó peligrosamente ambiguo, equívoco al mezclar dos elementos de la vida nacional que no se vinculan de ningún modo entre sí. En su arenga contra los asesinos y terroristas de Morelia, Calderón se refirió también a la oposición en su contra, como si fueran ingredientes de la misma naturaleza. "Se puede discrepar, dijo, pero no deliberadamente dividir y enconar. Se puede opinar distinto en la libertad que nos han heredado nuestros próceres, en el marco de libertad que el propio Estado garantiza, pero no se puede atentar contra el Estado mismo".

 
El neoalemanismo
 
En más de un sentido, el panismo hoy es un nuevo alemanismo. El gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) fue el triunfo de la derecha posrevolucionaria sobre lo que quedaba del cardenismo. El panismo del 2000 a la fecha es el triunfo de la derecha no priista sobre los herederos del cardenismo. Sin embargo, y aunque en la práctica el grupo que se supone que hoy controla al gobierno federal es una derecha tan dura y corrupta como la alemanista, hay diferencias: ésta es menos eficaz, más torpe que aquélla.

Las semejanzas entre el proyecto de Alemán y el del gobierno actual se dan en varios campos, entre otros en el petrolero. Las fuentes para sostener tal argumento son muchas, pero hay una particularmente significativa: los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Veamos algunos de sus numerosos documentos.

 
Desencuentro
 
En un memorando del 20 de agosto de 1948, el entonces primer secretario de la embajada norteamericana en México, Harry R. Turkel, informó sobre los pormenores de una conversación reciente con Jorge Viesca, secretario del presidente Alemán. El meollo de lo discutido se puede resumir así: desde la perspectiva alemanista, los serios problemas por los que entonces atravesaban la economía y la política mexicanas -déficit en el intercambio con el exterior, devaluación del 75 por ciento, inflación, carestía, descontento popular e incluso rumores de golpe militar- se podrían haber evitado o disminuido si Washington hubiera respondido positivamente a su petición de un préstamo sustantivo para llevar a cabo un programa acelerado de exploración y explotación petrolera en gran escala. Como el préstamo no se otorgó, el resultado fue la devaluación del peso con su consiguiente cauda de efectos negativos.

En los círculos del poder mexicanos se sospechaba -y con razón- que a pesar de las buenas relaciones de "Mr. Amigo" con el presidente Harry Truman, éste le había negado el préstamo para obligarle a cimentar su programa de expansión petrolera en la única otra fuente disponible: en las empresas petroleras de Estados Unidos. De esa manera, y desde la perspectiva norteamericana, se matarían varios pájaros con la misma piedra: se marginaría a Pemex del plan de expansión, se abría de nuevo la puerta mexicana a las empresas petroleras privadas norteamericanas y se aumentarían las reservas cercanas de combustible, tan necesarias en caso de un nuevo conflicto mundial. En dicha reunión, el lado norteamericano se defendió y argumentó que el préstamo se había negado no como forma de presión, sino simplemente porque el gobierno no había presentado bien su solicitud (Archivo del Departamento de Estado. Asuntos Internos de México, 812.00/8-2048). Obviamente esa razón "diplomática" no debió de haber convencido ni a quien la formuló.

 
El proyecto
 
Del documento citado se desprenden varias conclusiones. En primer lugar, que hace ya 60 años un gobierno tan conservador como el actual buscaba solucionar sus problemas económicos -entre otros, la baja recaudación fiscal- por la misma vía fácil que hoy se pretende volver a recorrer: invitar al capital externo a extraer para luego exportar el recurso natural no renovable más valioso del país y así superar sin resolver dificultades económicas y políticas. Alemán asumía la conducta propia del político y no del estadista: posponer o evitar la solución de fondo, buscar una temporal -la exportación de petróleo- y seguir adelante.

Para entonces, la embajada norteamericana ya tenía clara conciencia de que su lucha por reabrir la puerta del petróleo mexicano a sus empresas tenía como principal obstáculo no a Alemán ni a su grupo de alegres explotadores del poder en beneficio personal, sino al ex presidente Lázaro Cárdenas y lo que quedaba del verdadero nacionalismo revolucionario. Durante la Segunda Guerra Mundial y en los años siguientes, México había pedido una serie de préstamos al Export-Import Bank de Estados Unidos (Eximbank) para actividades de infraestructura y desarrollo económico y, en términos generales, había obtenido respuestas positivas, pero no en el caso del petróleo.

Desde julio de 1944 el propio presidente norteamericano, Franklin D. Roosevelt, le había hecho saber al secretario de Relaciones de México, Ezequiel Padilla, que si el gobierno mexicano necesitaba recursos para aumentar su producción petrolera debía recurrir al capital privado norteamericano, aunque más adelante se matizó la posición: Washington podría interesarse en ayudar a Pemex a localizar nuevos depósitos pero a condición de que éstos se consideraran como reservas estratégicas para la defensa continental (Foreign Relations of the United States. 1945. Vol. IX. Washington. Departamento de Estado, 1969).

Cuando Alemán asumió el poder, el gobierno norteamericano estaba al tanto de cuál era la posición del ex presidente Cárdenas. En un memorando fechado el 12 de agosto de 1948, el embajador norteamericano, de nuevo basándose en conversaciones entre Turkel y otro político mexicano -con Manuel Germán Parra, profesor y economista que se movía a sus anchas lo mismo entre alemanistas que entre cardenistas-, señalaba que Cárdenas se oponía a usar el petróleo como la salida fácil a los problemas económicos del gobierno. Para el general michoacano, México no debería volver a ser un gran exportador de petróleo; se debería colocar en el exterior apenas el crudo necesario para compensar las importaciones de derivados del petróleo que México se viera obligado a hacer. Según Parra, para el ex Presidente que había nacionalizado el petróleo sólo una emergencia internacional justificaría exportaciones irrestrictas de hidrocarburos, es decir, únicamente si ocurría algo semejante a lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos necesitara el combustible. En todo caso, sería una medida temporal pues los recursos estratégicos y no renovables del país no se deberían poner nunca en el mercado internacional como si fueran una materia prima cualquiera.

Por lo que respecta a la decisión de volver a admitir empresas privadas extranjeras al sector petrolero, Cárdenas era partidario de evitarlo. Sin embargo, el ex Presidente estaba dispuesto a pasar el trago amargo de volver a recibir empresas petroleras norteamericanas si ésa era la única manera de evitar el desabasto interno, pero siempre y cuando no se admitiera al principal enemigo de la expropiación de 1938 -a la poderosa Standard Oil- ni se firmaran "contratos riesgo", es decir, que a las empresas que se contratara para trabajar en campos mexicanos se les debería pagar por su labor con una suma pactada de antemano, pero nunca con una proporción del petróleo que encontraran, pues ya se hablaba de entregarles el 20 por ciento del valor de lo que extrajeran (archivo citado. 812.00/8-1248).

Como bien sabemos, al final Alemán se impuso sobre el ex presidente Cárdenas y entre 1949 y 1951 firmó cinco "contratos riesgo" con otras tantas empresas norteamericanas aunque se cuidó de no hacerlo con la Standard Oil. De manera indirecta, pero clara, Cárdenas manifestó su oposición a lo que consideró una política contraria al interés nacional mexicano en materia de petróleo. Lo hizo, entre otras maneras, vía la publicación de una serie de artículos críticos de un legislador michoacano, Natalio Vázquez Pallares. Finalmente, en los 1960 esos contratos se cancelaron, aunque México debió de indemnizar a las empresas petroleras afectadas.

De gran importancia en sí misma, por las medidas legislativas que contiene (y que simultáneamente atienden la urgencia inmediata y el largo plazo), la Propuesta ciudadana integral para la reforma energética que las fracciones senatoriales de los partidos que integran el FAP presentan como suya al Congreso, significa un hito en el debate político nacional y en el trabajo parlamentario.

Elaboró esa propuesta un grupo de "personas de diferente ideología, miembros de distintos partidos políticos o no pertenecientes a organización política alguna, de diversas disciplinas profesionales y de vocaciones múltiples" unidas por la "firme convicción de la importancia económica, política y social de los recursos petroleros del país, de la propiedad originaria e intransferible de la nación sobre estos recursos, del mandato constitucional de que sea el Estado el que en forma exclusiva, a través de PEMEX, los administre; y de la urgencia de definiciones y acciones que garanticen la seguridad energética de la nación en el presente y para las futuras generaciones de mexicanos", según lo definió su vocero, Rolando Cordera.

Convocó a los autores de la Propuesta ciudadana Andrés Manuel López Obrador, cabeza del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, pero también lo hicieron los coordinadores de los senadores del PRD, el PT y Convergencia, que integran el Frente Amplio Progresista. De esa manera las iniciativas cuentan con el apoyo pleno de esos partidos, en horas en que principalmente en el PRD parece eliminado todo intento de acción común. Si Nueva Izquierda, a través del presidente provisional perredista, abrigó en algún momento la ilusión de sumarse a las iniciativas de la Presidencia y del PRI -como pareció buscarlo Guadalupe Acosta Naranjo al reunirse con los presidentes del PAN y del tricolor-, su posición es ahora inviable, pues la Propuesta ciudadana incluye unas rigurosas "Observaciones a las iniciativas presentadas al Congreso de la Unión por la administración federal denominadas ‘Reforma energética’, y a la Iniciativa con proyecto de decreto que presentan senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional para reformar diversas disposiciones y expedir nuevas leyes en materia energética".

Las iniciativas que a su vez integran la Propuesta ciudadana se refieren a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, a la ley orgánica de Pemex, al régimen legal de la Secretaría de Energía y de la Comisión reguladora de lo mismo, así como a otras leyes para hacerlas congruentes con las modificaciones propuestas. Ya que la Propuesta ciudadana incluye un Programa de acción inmediata para el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, para hacerlo posible, y para en el largo plazo dotar al organismo de su plena capacidad financiera (hasta ahora minada por el fisco), se busca también reformar la ley federal de derechos y la de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

A diferencia de lo hecho en Los Pinos y el PRI, la Propuesta ciudadana (es decir, la de López Obrador y del FAP) parte de una visión general, de plantear una política energética de Estado, que remedie los males causados hasta ahora por el pragmatismo y el inmediatismo imperantes en la materia:
 
"Desde hace varios lustros los gobiernos en turno decidieron incrementar la extracción de petróleo para su exportación. La extracción de crudo creció desde 1996 hasta 2004, cuando alcanzó su máximo de 3.38 millones de barriles diarios. Las exportaciones de crudo crecieron desde el año de 1997 hasta 2004, cuando se alcanzó la cifra de 1.82 millones de barriles diarios. El crecimiento en el volumen de las exportaciones se da principalmente hacia Estados Unidos, al punto de que en años recientes representa el 80 por ciento o más. El incremento en la extracción de petróleo se acompaña de una baja tasa de restitución de reservas y agotamiento acelerado de los yacimientos actuales. Los recursos financieros de PEMEX se han concentrado en cerca del ochenta por ciento en explotar los yacimientos, en descuido incluso de las tareas de exploración…

"Además, crece notablemente la participación de los ingresos provenientes de la industria petrolera en los ingresos del sector público. En los años recientes por cada peso que ingresa al erario 40 centavos provienen del petróleo, sin contar los excedentes. Hay una petrolización de las finanzas públicas, sin que los recursos se destinen a la inversión, menos aún a la inversión en la industria petrolera. Existe un crecimiento del consumo de hidrocarburos sustentado en las importaciones y de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y otras manifestaciones de deterioro ambiental, todo ello en condiciones de un bajo ritmo de crecimiento de la economía. Se mantiene a por lo menos sin acceso a la cobertura eléctrica y se acepta un patrón de crecimiento en la generación de energía eléctrica basado en la importación de gas natural. Se promueve y se pondera como positivo el debilitamiento de las entidades públicas del sector energético y cada vez mayor participación de las industrias energéticas trasnacionales en actividades reservadas por la Constitución al Estado".

Inopinadamente, la Secretaría de Gobernación informó ayer que la Procuraduría General de la República investiga el caso de los miembros del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez "bajo el tipo penal de desaparición forzada de persona". Esa afirmación supone un giro muy relevante en la actitud del gobierno federal, renuente hasta ahora a admitir que de eso precisamente se trata.

Gobernación emitió el comunicado respectivo poco antes de que la Comisión de mediación constituida en torno de ese caso reclamara al gobierno federal y al EPR una puntualización de "la actitud que están dispuestas a asumir". Son necesarias, les dijo el mecanismo mediador, "una reconfirmación de la tregua del PDPR-ERP y una real voluntad política del gobierno federal" para avanzar en el abordamiento de este grave asunto. Un escollo para ese efecto lo constituía la tipificación del delito denunciado por los familiares de las víctimas.

El 17 de julio de 2007, hace 13 meses, la delegación de la PGR en Oaxaca rehusó tramitar la denuncia de Nadín Reyes Maldonado por la desaparición forzada de su padre Edmundo, por lo que ella la presentó de nuevo por escrito en la oficialía de partes de la sede central de la PGR. A despecho de la denuncia expresa, por desaparición forzada, la PGR inició la averiguación previa por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Y aunque dos jueces federales otorgaron en septiembre y octubre siguiente sendas suspensiones del acto reclamado, "consistente en la desaparición forzada" de cada uno de los miembros del EPR cuya presentación con vida se demanda, el gobierno siguió en sus trece. De viva voz, en diálogo con la Comisión mediadora, funcionarios de Gobernación rechazaron que se tratara de desaparición forzada. En apariencia, en Gobernación y en la PGR se ha mudado de parecer.

Desde el primer momento, el 25 de abril, los mediadores dejaron clara su preocupación sobre el delito de desaparición forzada y su interés en combatirlo. Luego, el 13 de junio emitieron un primer análisis de ese delito de lesa humanidad y un segundo, más completo, fue difundido ayer mismo. Es que en ese contexto, y en ningún otro, debe insertarse el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. En el documento que la Comisión mediadora dio a conocer ayer calificaba de "inexplicable la resistencia gubernamental a aceptar… la reclasificación de la averiguación previa de la PGR por desaparición forzada de persona en lugar de por secuestro".

El gobierno mexicano suscribió el 5 de abril de 2001 la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Persona y apenas el 18 de marzo de este año ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El primero de esos dos instrumentos jurídicos (que tienen fuerza de ley en nuestro país) "considera desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes".

La renuencia gubernamental a admitir averiguaciones sobre desaparición forzada se explica porque hacerlo es una suerte de autoincriminación, ya que sólo pueden cometerlo agentes del Estado o con "la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado". Pero aceptar la averiguación por ese tipo penal es al mismo tiempo una oportunidad para los órganos federales, que pueden probar que no autorizan o apoyan a los perpetradores de ese delito.

Sin embargo, para que la averiguación previa con el giro anunciado desemboque (dando por sentada la aprehensión de los presuntos responsables) en un proceso pertinente y éste en una sentencia adecuada, se requiere una reforma a la legalidad penal que habría que abordar de inmediato, tan pronto comience el periodo de sesiones ordinarias dentro de 15 días. La Convención de la ONU obliga a los Estados parte a adecuar su legislación nacional a las previsiones de ese instrumento, y México no ha movido un dedo en esa dirección, de ahí que, por el régimen de estrictísima formalidad que preside el procedimiento penal, no fuera posible emitir una sentencia, porque no se encuentra establecida la sanción correspondiente. Y, aunque otras formas de privación ilegal de la libertad están tipificadas, no sería viable aplicar las penas previstas para ellas a la desaparición forzada de personas, pues está prohibido aplicar la analogía en esos casos. Es deseable que la reclasificación del delito, solicitada en el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez por sus familiares y planteada por la Comisión mediadora, no haya sido aceptada con la socarrona previsión de que es un trámite a la postre estéril por la falta de normas aplicables.

Tendremos que volver sobre los planteamientos de la Comisión mediadora, que fueron presentados ayer. A más de 100 días de su integración, ha reunido una gran cantidad de testimonios e información sobre los dos desaparecidos eperristas, mismos que en manos de un órgano formal de investigación (que la Comisión mediadora no es) deberían conducir a establecer la suerte de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Es imposible que se los haya tragado la tierra. Deben ser localizados.

Como concepto, el de "Tercera Ola" lo acuñó el profesor Samuel P. Huntington en relación con los sucesivos procesos democratizadores en el mundo moderno. La tercera ola a la que aquí se hace referencia es muy diferente: se trata de la criminal que hoy envuelve a toda la geografía y sociedad mexicanas. La prensa lleva la contabilidad de los asesinatos y muertes relacionados con el narcotráfico; en lo que va del año la cifra ya superó los 2 mil 500. Y está el aumento de los secuestros que, según las cifras oficiales, es vertiginoso: en Guanajuato, por ejemplo, aumentó en 66 por ciento entre el 2006 y el 2007.

Históricamente, vivimos en México la tercera ola de inseguridad pública a partir de la Independencia. Las dos primeras se explican como resultado del derrumbe violento de las estructuras política y de autoridad a inicios de los siglos XIX y XX respectivamente, pero la actual tiene un origen muy distinto: en la corrupción endémica que ha carcomido desde dentro y desde hace mucho a la esencia del Estado.

 
 
La primera ola
 
La vida colonial de la Nueva España no fue, ni de lejos, tranquila, pero el sistema nunca escapó del control de la autoridad virreinal. Todo cambió a partir de la gran rebelión indígena y mestiza que estalló en septiembre de 1810 encabezada por un cura y un puñado de oficiales criollos en la zona más rica del reino. No hay mejor descripción del brutal colapso de las estructuras de autoridad que la hecha por Lucas Alamán en torno a la toma por las masas insurrectas de la ciudad de Guanajuato al inicio de la insurgencia. Los años de guerra civil que siguieron terminaron por sepultar el viejo orden y el nuevo tardó mucho en aparecer.

Tras la desastrosa guerra con Estados Unidos, Mariano Otero, y tras examinar las condiciones de la estructura social y política de México, concluyó que el problema de fondo era que había gobierno pero no nación. En esa "no nación" mexicana la economía se había derrumbado, la mayoría de sus habitantes estaban sumidos en la miseria total y, citando de nuevo a Otero, el grueso de los indígenas ni siquiera se había enterado de la Independencia. En tales condiciones, y según Dubois de Saligny, ministro de Francia en México, la única institución que funcionaba con regularidad y que podía y debía tomarse en serio, era la del bandidaje. Paul Vanderwood, en su estudio sobre el tema -Desorden y progreso, bandidos, policías y desarrollo mexicano (1981)-, sostiene que justamente por su efectividad, los bandidos ganaron un estatus social elevado (p. 19).

En la Guerra de Reforma y en la lucha contra el Segundo Imperio, los liberales habilitaron como guerrilleros a buen número de gavilleros a los que, tras la restauración de la República, tuvieron que combatir o incorporar como parte de las fuerzas de seguridad. En no pocas ocasiones esos peculiares guardianes del orden simplemente volvieron a sus antiguas costumbres. León Ugalde o Antonio Carvajal destacan entre los ejemplos de ambivalencia.

Fue durante la dictadura liberal de Porfirio Díaz cuando la nación empezó a cuajar y el Estado introdujo un grado aceptable de seguridad en ciudades y campo. Desde luego, la biografía de Francisco Villa antes de 1910 prueba que ni en su momento de apogeo los porfiristas y sus fuerzas rurales pudieron acabar con el bandolerismo, pero esa misma biografía demuestra que sí lo acotaron lo suficiente como para que ya no fuera un factor característico de la vida cotidiana de México.

 
 
La segunda ola
 
La caída de Díaz en 1911 y la total destrucción de su ejército por las fuerzas revolucionarias en 1914 abrieron un nuevo periodo de "estado de naturaleza" -de lucha de todos contra todos- en el país. La inseguridad volvió a reinar y todo México fue territorio de la inseguridad. Los ejemplos abundan, desde la "Banda del Automóvil Gris" en la Ciudad de México hasta Inés Chávez García, uno de los ejemplos más acabados de la ferocidad criminal e indiscriminada en Michoacán, y que lo mismo se dijo maderista, que zapatista, villista o carrancista, pero que sin mayor miramiento saqueó y quemó pueblos y lo mismo secuestró a ricos que sacrificó a pobres (hasta que murió de gripa y no a manos de justicia alguna). El retorno a la normalidad tomó tiempo -llegó a fines de los 1930 o inicios de los 1940- y cobró muchas vidas.

 
 
La tercera ola
 
Un régimen autoritario, como el de Francisco Franco en España, hizo de la Guardia Civil -heredada del reinado de Isabel II- un brazo represor pero, a la vez, una policía profesional. Otro gobierno autoritario, como el de Augusto Pinochet, repitió la experiencia: los carabineros apoyaron a la dictadura pero sin perder su carácter de policías profesionales. En México se siguió un camino diferente. Los Rurales de la Federación desaparecieron y los sustituyó una policía que nunca llegó a ser realmente de carrera. Desde luego que siempre se usó a esa policía para actuar contra los enemigos políticos del régimen y del gobierno, pero nunca se le obligó a ser profesional en su relación con la sociedad.

En nuestro caso, el autoritarismo priista no puso interés en construir un cuerpo de policía digno de tal nombre. Desde el inicio puso al frente de los cuidadores del orden a jefes revolucionarios que se contentaron con una policía mediocre pero que sirvió bien a sus intereses personales y políticos. Esa policía, mal educada y mal pagada, actuó siempre y sin límites legales contra los opositores del régimen y a cambio se le permitió administrar en su beneficio la actividad criminal, pero dentro de límites. El extremo del modelo tuvo lugar cuando el frívolo e irresponsable José López Portillo puso a un inescrupuloso policía de tránsito pero amigo de la adolescencia, Arturo Durazo, como jefe de la policía capitalina y le hizo "general de la policía": el reinado de la policía criminal se inició.

La corrupción extrema de los cuerpos de policía coincidió con el fin del periodo de alto crecimiento de la economía y el inicio de una "Gran Depresión" que ya dura más de un cuarto de siglo. El fracaso económico significó, entre otras cosas, el estrangulamiento de la movilidad, el cierre de oportunidades materiales para millones de jóvenes. Por ese solo hecho, algunos de ellos se convirtieron en reclutas potenciales de todo tipo de bandas criminales.

La mediocre creación de empleo aunada a la impresionante concentración de los ingresos en una capa muy reducida de la población se ha combinado con unas instituciones de justicia que apenas son capaces de llevar ante la justicia al 1 por ciento de los culpables de los 12 millones de delitos que, se calculan, se cometen anualmente en nuestro país. En tales circunstancias, cualquiera que opte por el crimen como forma de vida, sabe o intuye que vive en un ambiente socialmente injusto y que la ley de las probabilidades está de su lado, pues las posibilidades de que su delito sea castigado son mínimas. Y quien tiene mayor conciencia de esa absurda y brutal realidad mexicana son justamente los policías.

 
 
¿Qué hacer?
 
Felipe Calderón no puede creer que su propuesta de castigar con cadena perpetua crímenes particularmente execrables sea una manera de atacar las raíces del problema, sino apenas una respuesta de "sonido y furia" (demagógica) al clamor de protección de las bases sociales del PAN -las clases medias y altas- ante grupos criminales que ya les perdieron el respeto, justamente como ocurrió en las dos olas de criminalidad anteriores.

La solución real está en dos arenas, a cual más de difíciles. Por un lado, hay que rehacer de principio a fin la estructura institucional de seguridad (¡mandar al diablo a las actuales instituciones de policía y procuración de justicia!) como parte de la pospuesta reforma del Estado. Por el otro, reactivar el mercado interno y revertir la tendencia a la concentración creciente del ingreso y al aumento de la injusticia social.

Pero no. Así no se gana. El público, el electorado, por distraído e indiferente que ande, sabe intuitivamente con quién está. Quién promete y quién está por encima de sus promesas. El señor Calderón se antoja desganado, cansado antes de moverse. Vemos, ahora, a diario su fotografía en la prensa. Un hombre de página 7, fotografiado con unos desconocidos, empresarios de segunda, inaugurando una vulcanizadora. Pero por los tiempos que corren, en estos momentos sabe el peligro que se cierne sobre él. La mitad de su régimen toca a su fin: no se distingue de los regímenes anteriores en nada. De su programa de reformas, la más importante ha sido liquidar las pensiones del ISSSTE, con lo cual han quedado en una situación imposible los antiguos burócratas y no se ha arreglado lo de las deudas y los préstamos. Con lo cual, ya sabemos que los burócratas del rank and file no van a votar por el PAN, lo que no cambia nada.

El señor Carstens no ha informado de sus medidas tomadas para acabar la escandalosa distribución de la riqueza, que trae loco al señor Germán Larrea, dueño de la mina de cobre símbolo de la Revolución con su huelga, que algo tiene de la de ahora que, de acuerdo con su parecer, está llevando al país al desastre, sin que sus análisis hayan tenido el menor efecto sobre el PAN.

Debería la Secretaría de Energía emprender una campaña de ahorro y buscar un método más económico de anunciarnos esa decisión, que no sea publicar páginas enteras en defensa de su política. Hacer trampas con las encuestas es un método político tan viejo como prometer desde una tribuna. Se dice que el cincuenta y tantos por ciento de la población está a favor de la reforma planteada por el señor Calderón. Pero no se sabe el cincuenta y tantos por ciento de qué, ni el tamaño de la muestra, ni dónde se levantó, ni se muestra una línea del cuestionario. De la misma manera que los señores encuestadores se divirtieron con ganas con la encuesta ciudadana, deben permitir al público divertirse con sus encuestas, coincidentes en todo con el deseo de Los Pinos, que para eso pagan. No hablemos de su bombardeo mediático por radio y televisión.

Algo dice que la decisión está tomada. No sabemos cómo los senadores van a votar individualmente, pero ya hay el convencimiento, que debidamente adobada, o más bien maquillada, la propuesta pasa. La opinión pública no cuenta, el interés nacional está expresado por la decisión de Los Pinos, que para nada se preocupa de lo que la calle piensa. En este país jamás han gobernado las masas. Eso que llaman la gente está para obedecer; si se le ha conocido el voto, es porque la democracia está de moda, de ninguna manera quiere decir que las masas, que la multitud, vayan a gobernar, ni a ser escuchadas.

Hoy más que nunca los partidos son evanescentes. Son indispensables, porque hay que presentarse ante los otros países como una unidad, como un deseo claro de ocupar un lugar en el mundo de todos los habitantes de la nación, todo a través de sus senadores y diputados, si dejamos de lado a unos cuantos díscolos, empeñados en oponerse a los que saben como la señora Georgina Kessel. Esta manifestación de unidad se verá dentro de poco en el Senado, donde el PAN, el PRI, y hasta el ahora humilde PRD manifestarán el deseo nacional de ver a los privados manejando Pemex. Si el año que viene la gente transformada en electores vota en contra de los representantes de la nación -o no vota por nadie- es un problema del sistema político, que a fuerza de decirlo se ha supuesto democrático a pesar de cuanto ocurre ante sus ojos.

No se dice nunca la verdad, aunque ésta sea obvia. Cuando la prensa extranjera se apodera de un tema, los que tienen un cargo empiezan a decir su verdad, por ahora ésta se limita a los funcionarios corruptos porque se empezaban a jugar con los cargos públicos. La Secretaría de la Reforma Agraria, auténtico pozo negro, ha tenido que cesar, que se sepa, a tres funcionarios. La Lotería Nacional está acusada de estar cerca del narcotráfico, et sic de coeteris. No se dice ni media palabra del PAN ni de su ilustre presidente, se anuncian ceses en cadena en la Secretaría de Seguridad y cuatro de los cinco subsecretarios, que serán nombrados por el nombrado Presidente. Dios se la depare buena.