VOLVEMOS A LAS ANDADAS. OAXACA Y EL PAÍS BAJO LA CORRUPCIÓN POLÍTICA GALOPANTE: EL RUIN CONGRACIADO POR JUECES CORRUPTOS
Los Ministros de la Corte discutirán a partir del 13 de octubre el proyecto de dictamen que elaboró Mariano Azuela sobre el caso Oaxaca
Víctor Fuentes
Ciudad de México (5 octubre 2009).- El Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, es participante de la grave violación de garantías individuales durante el conflicto de 2006 con la APPO, pero de manera atenuada y sólo porque no contó con una fuerza pública capaz de sofocar el movimiento desde sus inicios.
Lo anterior se afirma en el proyecto de dictamen que el Ministro Mariano Azuela Güitrón repartió este lunes a sus colegas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la investigación que ordenó sobre los hechos que cimbraron al Estado hace 3 años.
Azuela sólo propone señalar como directa y plenamente involucrados en grave violación a 55 mandos policiacos federales, estatales y locales que encabezaron diversos operativos contra la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) entre junio de 2006 y julio de 2007.
El documento de 923 cuartillas enfatiza que tanto el Gobierno federal como el estatal hicieron todo lo posible por atender las peticiones de la Sección 22, por lo que no fueron omisos en su actuación.
De hecho, salvo los mandos de la Policía Federal Preventiva, ningún funcionario federal es mencionado.
"Aun cuando los mencionados niveles de gobierno no son responsables de la violación generalizada de garantías, lo que sí resulta reprochable al Gobernador del Estado de Oaxaca es el hecho de no contar con una fuerza pública eficiente y capaz de disuadir, por sí misma, el surgimiento de conflictos sociales", se lee en el proyecto.
Por tanto, se concluye que el Gobernador Ruiz sí es autoridad participante en la violación de garantías.
"Sin embargo, tal participación debe estimarse atenuada atentas las circunstancias históricas y presupuestales antes mencionadas, sobre todo en una entidad que presenta rezagos que, por su propia naturaleza, deben atenderse de manera prioritaria, lo que reclama la erogación ineludible de recursos públicos", matiza.
El mando policiaco de mayor rango señalado en el dictamen es Ardelio Vargas Fosado, actual diputado federal por el PRI, que en esa época era jefe del Estado Mayor de la PFP.
Según el Ministro, las tres principales acciones policiacas durante el conflicto estuvieron mal planeadas y ejecutadas: el intento de desalojo de la Sección 22 del Zócalo de Oaxaca, el 14 de junio de 2006; el Operativo Juárez de la PFP para retomar el control de la ciudad, entre octubre de 2006 y enero de 2007, y un operativo del 14 de julio de 2007 durante la celebración de la Guelaguetza.
Azuela también hace fuertes críticas a la APPO, por su actitud violenta y de rechazo a todo acuerdo con el Gobierno federal o local.
"Respecto de las características propias del movimiento social no debe olvidarse su beligerancia, incluso con matices de rebelión no únicamente en contra del Gobierno del Estado de Oaxaca, sino del Gobierno Federal, pues no debe pasarse por alto la intención de los inconformes por constituir una Asamblea Popular de los Pueblos de México con la finalidad de extender el movimiento por todo el territorio nacional y de crear una nueva Constitución".
El proyecto de Azuela es un documento de trabajo que será discutido por el Pleno de la Corte a partir del martes 13 de octubre, y cualquiera que sea el dictamen final, no tendrá efectos jurídicos ni genera responsabilidades concretas para funcionarios.
